Ciudad de México a 19
de agosto del 2023
A las autoridades competentes y al
pueblo de México en general.
La consecuencia de la política neoliberal en materia
de energía eléctrica en México fue una resistencia de los usuarios del fluido
eléctrico en todo el territorio nacional, principalmente en los estados de
Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Nayarit y en ciudad de
México, en contra de los mega proyectos, gasoductos, parques eólicos,
construcciones de presas, fracking, modernización del sistema de red eléctrica
cambio de medidores digitales; privatización y saqueo de los mantos acuíferos
de la tierra y los minerales, donde se tomó la decisión de defender al sector eléctrico,
hasta la renacionalizar a la industria eléctrica.
El MNUEE plantea en su posicionamiento político un cuerpo de
ideas íntimamente interconectadas, con las que se plantean escuetamente señalar
los grandes lineamientos para una solución de fondo a los problemas de la
energía eléctrica.
Una de las demandas ahí contenidas, y altamente
polémica, es, desde luego el llamado: “Borrón y Cuenta Nueva”.
Ante este escenario, en la actualidad no somos los
usuarios quienes incurrimos en la ilegalidad al llamar a exigir el borrón y
cuenta nueva, sino han sido una serie de
actos violatorios perpetrados en contra nuestra, por la denominada
empresa de clase mundial, solo por mencionar uno, nos referimos a la continua negativa de firmar un contrato
con nosotros.
Los últimos seis gobiernos neoliberales del PRI y el
PAN, hicieron uso y abuso de la frase “Estado de Derecho”, y si somos francos,
nunca nos ha quedado clara el significado de esa frase, ya que dicho Estado de
Derecho, el cual podría pensarse como un Estado, donde el imperio de la ley sea
sagrado y los funcionarios públicos
deben ser los primeros obligados a su cumplimiento, empero en realidad se
aplica para acallar las protestas sociales de obreros, campesinos, comunidades
indígenas, etc., mientras que los altos funcionarios gozan prácticamente de total impunidad, al igual
que el selecto grupo de los más poderosos y ricos del país. Casos existen y
abundan, sin embargo, como no es el tema, no entraré a detalles, lo menciono
porque en el tema de la energía eléctrica tal práctica no sólo es cotidiana, es
ya alarmante la frecuencia de su utilización. El viejo apotegma de “para los
amigos justicia, para los enemigos la ley”, cobra, en nuestro caso, ominosa
realidad.
En la zona centro del país a partir de octubre del
2009 estallaron dos conflictos sociales.
El primero con los trabajadores del sector eléctrico.
El segundo de grandes dimensiones fue con los usuarios
del servicio eléctrico, a partir de la entrada la CFE inició el cambio de
medidores analógicos por digitales, empleando para ello a personal no
capacitado para brindar tal servicio, e inició el cambio de la red de cobre,
por la de aluminio con las consecuentes explosiones en la red eléctrica y el
peligro que para los usuarios ello representa.
Con la aprobación de la Reforma Energética en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, se abrió el sector eléctrico a empresarios
privados, especialmente a españoles, a quienes les ofrecieron la generación y
comercialización del fluido eléctrico, sin duda, el gobierno volvió a repetir
la dosis de ilegalidad a nosotros los usuarios de la energía, porque nos dejó
de nuevo sin certeza jurídica al no generar ninguna relación comercial entre
ninguna de las empresas prestadoras de servicio eléctrico con nosotros, agravando
aún más la situación, extendiendo la falta de relación comercial a todo el
país.
La disparidad establecida en el cobro por consumo
entre usuarios calificados y básicos, se nota la diferencia, a los primeros, es
decir a los empresarios se les suministra el fluido eléctrico con una tarifa
preferencial a muy bajo costos lo cual deja pingües ganancias a dichos
empresarios.
Muy diferente es la situación de la población
económicamente menos favorecida a quien le cargan el peso financiero por el
suministro del servicio de energía eléctrica; tan cierto es que a los usuarios
les siguen llegando recibos, facturados por CFE, con elevadas cifras a pagar
por el servicio eléctrico, violando con ello lo establecido en el artículo 4°
constitucional, párrafo 7° “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa.” Y para que eso suceda, necesario es contar con el vital servicio
eléctrico.
Ahora el énfasis puesto por la CFE en el cambio de
medidores analógicos por digitales. Para cumplir con este objetivo ha recurrido
a prácticas por demás deleznables, como la intimidación, la agresión verbal, el
engaño, la agresión física; la utilización amañada de la policía; la
utilización del ejército y peor aun metiendo a la cárcel a todo a los usuarios
que se oponen a la implementación del sistema
AMI.
Dicho cambio de medidores inteligente son los que han
repercutido en los consumos dándose incrementos del 100, 200 y hasta 300% a los
registrados con los medidores anteriores, siendo esto inaceptable desde
cualquier punto de vista violando con ello lo estipulado en el artículo 31 de
la constitución mexicana. Por eso rechazamos el cambio de wathorímetros
análogos por los digitales porque además estos los instalaron fuera de la norma
oficial.
También nos encontramos con que los importes de
consumo pretendidos por la CFE no se basan en los consumos reales, sino en
estimaciones.
Al respecto la estimación de los consumos sólo se
permite en los casos de imposibilidad técnica. No es así en el caso de los
usuarios de la zona centro del país, porque ahí los equipos de medición estaban
instalados y la CFE estaba en posesión de los archivos de LyFC, por lo tanto,
no hubo entonces, causa válida para no efectuar las mediciones del servicio,
siendo inexigibles por esa causa.
Otra joya de CFE lo constituyen los “ajustes” a los
consumos. En todo el país se instituyo la práctica de “ajustar” los consumos,
lo cual es un abuso evidente. Los consumos están ya medidos por instrumentos
aprobados y calibrados, además impuestos, por el suministrador respectivo, ¿de
dónde, -preguntamos-, salen los “ajustes” de 500% o más?
Esto, junto con los llamados “recibos locos”, no son
sino auténticos atracos a mano armada en contra de los usuarios y en caso de no
pagar el supuesto adeudo, la CFE procede a criminalizar la pobreza de los
obreros, al hacerlo a través de la judicialización a los consumidores del
fluido eléctrico como son los casos de la Compañera Petrita, mujer de 80 años
donde la empresa pretende cobrar por la vía jurídica la cantidad de 500 mil
pesos o el del compañero Bonfi a quien
le pretenden cobrar la cantidad de un millón y medio de pesos, también aparece
el caso de la compañera Olivia mujer que se presentó a Profeco a resolver el
tema y la respuesta del CFE fue llevarla ante el Ministerio Publio del
reclusorio, con la intención de meterla
injustamente a la cárcel
La suma de todas estas arbitrariedades ha llevado a
que los adeudos acumulados con la CFE sean materialmente impagables. Han
colocado a la gente en la disyuntiva de comer o pagar la luz, y la gente, con
excelente juicio ha optado por comer.
Cabe mencionar que nosotros nos hemos acercado tanto a
las oficinas de Comisión Federal de Electricidad con el fin de regularizar
nuestra situación, solicitando entrevistas con los entonces titulares de la
empresa, sin ningún éxito, igual resultado negativo hemos tenido en las
diferentes oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Ante tales acontecimientos impulsamos la formación de
un instrumento de lucha que permita cumplimentar lo establecido en los artículos
1°, 3° 4° párrafo 7°, 16°, 27°, 28°, 31 fracción tercera de nuestra Carta Magna,
con el fin de que se reconozcan los derechos humanos, económicos, sociales y
culturales, así como la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, la
educación de calidad, el acceso a los servicios de protección de la salud y un
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la
vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y
a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta;
la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros pues, el ejercicio
de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía
eléctrica.
Ante tal escenario el juzgado noveno de Distrito en
Materia administrativa en la Ciudad de México declara en su resolución sobre el
amparo 1627/2019 lo siguiente
●CUARTO,
CERTEZA DEL ACTO.
Es cierto el acto reclamado a la Comisión Federal de
Electricidad, ya que, si bien negó su existencia, de las manifestaciones que
vierte se advierte que no acreditó haber celebrado con los quejosos el contrato
respeto de la prestación del servicio de energía eléctrica, de ahí que deba
tenerse por cierto.
En el Movimiento Nacional de USUARIOS de la Energía
Eléctrica, sostenemos que la unidad del pueblo es la única vía para derrotar
los intereses y privatizaciones de la oligarquía, que para sus fines, continúan
utilizando a los partidos políticos de la derecha (PRI, PAN, PRD y MC) como sus
aliados e instrumentos para avanzar en su objetivo de privatización y de enriquecimiento a costa de
la Nación a través de sus políticas neoliberales comprometiendo de esta manera
la soberanía Nacional y el bienestar de los mexicanos.
Por otro lado, el Poder Judicial totalmente coptado
por estas mismas ambiciones de la oligarquía nacional y extranjera han otorgado
a diestra y siniestra amparos, con lo que han conseguido obstaculizar las
políticas públicas del gobierno de la 4T, postergando la justicia social tan
anhelada por la clase más vulnerable de éste país.
Por todo lo
anterior en el MNUEE sostenemos:
¡No son
Morosos! Los obreros y aquellos
trabajadores que ganamos un salario mínimo, a quienes nos resulta indignante,
continúen llegado recibos por concepto de consumo de energía eléctrica
superiores a los $ 10000.00 pesos, pues ello los lleva a la siniestra decisión
de comer o pagar la luz.
¡No son
Morosos! Quienes sufrimos las
consecuencias de la imposición, en todo elpaís, del sistema de prepago por
medio de los medidores digitales y de tarjetas recargables con el mismo
funcionamiento de los teléfonos celulares, cuyo objetivo es “quien no tenga
dinero para pagar, no tendrá luz”, afectándose así a las clases más pobres de
nuestro país”.
Si,
efectivamente, ¡No Somos Morosos! Al
contrario, somos dignos usuarios de energía eléctrica, afectados por este
sistema rapaz que nos despoja de nuestro derecho a una vida digna; con casa,
vestido y sustento suficientes y decorosos.
¡Por la
renacionalización de la industria eléctrica!
¡Elevar a
rango constitucional el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano
irrenunciable e innegable!
¡Por la tarifa eléctrica del
pueblo y para el pueblo de acuerdo con nuestra condición socioeconómica, que
realmente garantice el desarrollo de la nación!
¡Por la
desaparición de todos los adeudos en materia de energía eléctrica por ser impagables
“Borrón y cuenta nueva”.
¡No a la
criminalización de los usuarios de energía eléctrica!
Por lo
anterior expuesto, invitamos a la Lic. Clara Brugada Molina a comprometerse a
trabajar de manera conjunta y coordinada con las organizaciones en la
lucha para lograr avanzar en los intereses
de la justicia y equidad en favor de los
habitantes de la CDMX.
Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica
MNUEE
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